Hemos leído en el Diario Información de Alicante que se tramita una Ordenanza, pendiente de ser aprobada definitivamente, donde se recoge que "el Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas en el municipio de Alicante". Nada que objetar. Sin embargo si se tiene que objetar y mucho al punto que establece que "en todo caso, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica, así como, si es el caso, de los frutos obtenidos". En pocas palabras, de la caja con la que se piden las perrillas así como de las perrillas que en su caso se recauden.
La medida en cuestión es una animalada que tritura diversos preceptos constitucionales y naturalmente el sentido común. Así por ejemplo con la misma se van a tomar por culo el principio de legalidad de la potestad sancionadora, junto con los de tipicidad y proporcionalidad o los propios límites del derecho de propiedad.
Menos mirar a los infelices que mendigan en las puertas del Corte Inglés y más mirar a los políticos sin escrúpulos que roban a mansalva en esa bella capital de la costa levantina. ¿O no?
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